El Gobierno colombiano espera con gran expectativa el fallo de este jueves de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre una querella de Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, iniciada por el país centroamericano en 2013.

"La sentencia no versa sobre delimitación marítima ni sobre soberanía, sino sobre las libertades, los derechos y los deberes de cada país en el Caribe", detalló Manuel José Cepeda, coagente de Colombia ante la Corte de La Haya, en la que el país tiene como agente a Carlos Gustavo Arrieta.

El veredicto de esta semana no implicará ningún cambio en los mapas de los dos países, como sí sucedió con el del 19 de noviembre de 2012.

En esa ocasión, por otro fallo de la CIJ, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.

Igualmente conservó doce millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

Reclamos de Nicaragua 

Nicaragua denunció ante la Corte que Colombia supuestamente ha violado el derecho internacional por no aplicar la sentencia de 2012 ya que su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden.

Además, el Gobierno colombiano expidió un decreto que estableció una "zona contigua integral" desde el continente hasta el archipiélago en el que se omite la delimitación fijada en 2012 por la CIJ.

En respuesta, Colombia contrademandó a Nicaragua ante la CIJ alegando que ese país "ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales".

Colombia también argumenta que Nicaragua expidió un decreto "contrario al derecho internacional" relacionado con los puntos y líneas a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Caribe, buscando "adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia".

Argumentos de la defensa colombiana 

En las audiencias celebradas en La Haya entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre del año pasado los togados escucharon a la defensa colombiana, al gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen, y a Kent Francis James, que representa a la comunidad raizal del archipiélago, entre otros.

Colombia abogó por los derechos tradicionales de la comunidad raizal pues sus bancos de pesca quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.

También busca evitar que Nicaragua limite sus derechos en el mar Caribe y se insistió en que "este caso trata sobre los derechos y libertades de ambas partes en el área, no sobre el cumplimiento o ejecución del fallo de 2012 por lo cual Nicaragua tiene la carga de probar cada violación alegada".

Lo que puede pasar

Al referirse a lo que puede ser el fallo, Fabián Cárdenas, profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, dijo a Efe que espera que la Corte reafirme su fallo de 2012 pero que dé la posibilidad de que los raizales puedan pescar en los bancos en los que tradicionalmente lo han hecho.

Para eso hay que tener en cuenta lo que ha sido la historia del litigio y que lo que se define es la nueva demanda de Nicaragua a Colombia, porque presuntamente el país suramericano no ha cumplido el fallo de 2012.

"Allí la Corte reiteró la soberanía de Colombia sobre todas las formaciones islas, islotes y cayos y también sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia", dice Cárdenas.

Además, recuerda el experto, la Corte también trazó una delimitación marítima nueva lo que significa para Colombia una pérdida de casi 75.000 kilómetros cuadrados de zona económica.

En esa dirección, Cárdenas recuerda que el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que ese fallo era inaplicable y que sus límites solo se podían modificar de acuerdo con la Constitución.

"Lo que creo es que la Corte Internacional de Justicia va a reiterar su fallo de 2012", puntualiza.

Sobre la presencia de embarcaciones de la Armada colombiana en la zona, la Corte puede inclinarse a decir que "puede seguir navegando, patrullando, ejerciendo operaciones de control de vigilancia de lucha contra el narcotráfico sobre todo porque son zonas muy sensibles del Caribe colombiano y Nicaragua no tiene la capacidad para hacer esa vigilancia", señala el experto.

En cuanto al argumento de Colombia de que los raizales pueden seguir acudiendo a los bancos de pesca tradicionales en aguas de Nicaragua, considera que "el país ha hecho bien en enfilar sus baterías para tratar de lograr que se le reconozcan esos derechos".

"Espero que la Corte reconozca la posibilidad de que los raizales puedan seguir pescando en esas aguas (...) por ser un tema de derechos humanos", dijo Cárdenas.

Independientemente de lo que ocurra, Cárdenas considera que los fallos de la Corte se deben cumplir y que lo que deben hacer los dos países es arreglar las diferencias "pero eso no va a ocurrir porque el régimen de Nicaragua quiere que el fallo se aplique sin ceder en nada".

EFE